¿Qué hará el Tribunal Constitucional alemán sobre el plan de recuperación?

Karlsruhe vuelve a llamar a la puerta de la UE para el Plan de Recuperación: ¿problemas por delante? El estudio de Gian Luigi Tosato, profesor de Derecho de la UE, extraído de International Affairs

No es nuevo lo que nos espera ahora. Las intervenciones del Tribunal Constitucional alemán marcaron una serie de hitos en el proceso de integración europea: el Tratado de Maastricht (1993), las ayudas a Grecia (2011), la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (2012), el programa OMT (2016)) , Flexibilización cuantitativa (2020).

Cada vez, las sentencias de Karlsruhe han despertado aprensión. Se temía que pudieran asestar un duro golpe al progreso de Europa. En verdad, esto no ha ocurrido: aunque con una serie de distinciones y reservas -a veces incluso desagradables, como la reciente denuncia al Tribunal de Justicia- el Tribunal alemán ha acabado dando luz verde a las medidas europeas impugnadas.

Ahora está en escena la decisión sobre recursos propios (Ord) adoptada por el Consejo el 14 de diciembre de 2020. Es inútil recordar la importancia de esta disposición, que contiene, entre otras cosas, la autorización a la Comisión para emitir 750 000 millones de deuda pública europea. Es en este instrumento en el que se basa la Next Generation EU (Ngeu), y su componente esencial, el Recovery and Resilience Facility (Rrf), el dispositivo en el que se basan las expectativas de recuperación de los Estados miembros, especialmente los más débiles ( lea también Italia), para hacer frente a los devastadores efectos de la pandemia.

La Decisión sobre recursos propios encuentra su base jurídica en el art. 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esta disposición establece, en el primer párrafo, que la Unión se dota de los medios necesarios para sus fines; en el segundo párrafo, establece que el presupuesto de la Unión, sin perjuicio de otros ingresos, se financia íntegramente con sus propios recursos; finalmente, en el tercer párrafo, regula el procedimiento para la adopción y entrada en vigor de la Decisión. En particular, se prevé que la aprobación unánime del Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, no sea suficiente; También se requiere la ratificación por todos los Estados miembros de acuerdo con sus respectivas normas internas.

Y aquí es donde entra en escena la corte alemana. La Decisión, habiendo completado regularmente su procedimiento europeo (consulta del Parlamento, aprobación unánime del Consejo), pasó a ratificación por los Estados miembros. Ya lo han realizado 16 (incluida Italia), y también en Alemania las dos ramas parlamentarias del Bundestag y del Bundesrat se han pronunciado a favor por amplia mayoría. Solo faltaba la aprobación definitiva del presidente de la República Federal, pero esta fue bloqueada temporalmente por la decisión de los jueces de Karlsruhe del 26 de marzo.

La decisión en cuestión tiene su origen en un recurso interpuesto por un nutrido grupo de ciudadanos alemanes, encabezado por Bernd Lucke, un político y economista alemán, ex miembro de la extrema derecha de Alternativa für Deutschland en el Parlamento Europeo. Como es bien sabido, el sistema alemán, a diferencia del italiano, admite el acceso directo de las personas al Tribunal Constitucional. Los demandantes piden al Tribunal que reconozca la ilegalidad de la Ord y bloquee su ratificación en Alemania como medida cautelar.

En qué argumentos se basa la apelación, no es posible saberlo con precisión. Esto no se puede inferir del auto de la Corte que, por su naturaleza, carece de razonamiento. Sin embargo, se pueden extraer indicaciones bastante fundamentadas de las posiciones adoptadas por Bernd Lucke en el Parlamento Europeo y de lo informado por quienes probablemente tuvieron acceso a los textos del llamamiento.

Al parecer, se impugna a Ord por incumplimiento del principio de atribución (Ultra-vires Kontrol) y por infracción de los principios fundamentales de la constitución alemana (Verfassungsidentitat Kontrol). Se trata de dos críticas recurrentes en los recursos de apelación contra actos europeos ante la Corte.

En nuestro caso, bajo el primer perfil nos quejamos de que la Ord hubiera ido más allá de las atribuciones conferidas por el art. 311 Tfue. La razón se identifica en el hecho de que esta disposición autorizaría al Consejo a decidir únicamente sobre sus propios recursos. Por el contrario, estos no serían los que se deriven del producto de los bonos de la Unión, para ser considerados recursos ajenos. En otras palabras, no debería haber confusión entre Eigenmittel (permitido) y Fremdenmittel (prohibido).

En cuanto al segundo aspecto, el derecho soberano del Parlamento alemán sobre el presupuesto nacional se vería comprometido; esto estaría expuesto a pasivos decididos de manera autónoma por la Comisión y que podrían resultar en cargas para los contribuyentes alemanes de hasta 750 mil millones de euros. De ahí la supuesta vulneración de la identidad constitucional del país.

Cabe señalar de inmediato que la decisión del Tribunal de 26 de marzo no tiene en cuenta estos argumentos en absoluto. De hecho, tampoco se pronuncia sobre el principal recurso de constitucionalidad (que exige otros tiempos), pero ni siquiera sobre la solicitud de medida cautelar (einstweiligen Anordnung). Adopta una medida que describe como Hängebescluss. Es un instrumento previsto en el sistema alemán (no conozco el italiano) en anticipación al cautelar y destinado a no anular sus efectos: una especie de pre-decisión sobre el fondo.

Este no es el lugar para fundamentar las cuestiones planteadas por los solicitantes. A primera vista parecen superables y, en gran medida, ya examinados y superados (aunque -ya se ha dicho- con algunas reservas) por los propios jueces de Karlsruhe. La Comisión Europea quedó inmediatamente convencida de que la Decisión sobre recursos propios tiene bases jurídicas sólidas. Pues bien: el problema de la sincronización persiste. Actualmente, la ratificación alemana está bloqueada. Esperamos que incluso bajo la presión de la opinión pública europea, el Tribunal alemán se pronuncie lo antes posible y en la dirección deseada. Está en juego el inicio oportuno y largamente esperado de los desembolsos de la próxima generación de la UE.

Artículo tomado de International Affairs, aquí la versión completa.